La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó a la empresa
propietaria del diario La Nación que se ponga al día con la deuda impositiva de
$162 millones, contraída a partir de un benefició fiscal que la compañía viene
usufructuando de manera indebida desde hace casi una década.
Se trata de una ventaja conseguida a partir de una medida cautelar
interpuesta en la Justicia en 2003, que fue ratificada por la Suprema Corte en
2009 pero que todavía no se expidió en forma definitiva, aunque en 2010, la
Procuración General de la Nación sostuvo que ese recurso extraordinario fue
incorrecto.
Según publicó el matutino porteño Tiempo Argentino, la apropiación ilegítima
comenzó cuando La Nación dejó de cumplir con el requisito de no aumentar su
precio de tapa, condición con la cual había accedido al programa dispuesto en
2001 por el gobierno de Fernando De la Rúa mediante el Decreto 730, en el marco
de los denominados “Acuerdos de Competitividad”.
Estos acuerdos permitían a las empresas incluir a las contribuciones
patronales como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Durante la gestión de Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, a través
del Decreto 746 se prorrogó esta ventaja hasta julio de 2003, y solo para los
medios de comunicación, aunque se explicitaba la posibilidad de volver a
extenderlo “a fin de encontrar una solución alternativa”.
Trascurrido el lapso vigente en ese decreto, La Nación, aun habiendo
incumplido la condición de no subir su precio de tapa, interpuso una medida
cautelar, con el respaldo de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos
Aires (AEDBA), para lograr que el crédito fiscal de excepción siguiera en
pie.
En octubre de 2003, el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Osvaldo
Guglielmino, admitió el amparo presentado por La Nación; pero cinco años
después, en noviembre de 2008, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en la Contencioso Administrativo Federal revirtió ese primer fallo.
Sin embargo, la empresa apeló esa medida de segunda instancia y recurrió a la
Corte Suprema de Justicia, que en junio de 2009 volvió a darle vigencia a la
cautelar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En tanto, en 2010 la Procuración General de la Nación sostuvo que fue
incorrecto el recurso extraordinario otorgado al diario.
Ante esta situación de indefinición, la AFIP solicitó inhibir los bienes del
grupo privado, para asegurar un posible futuro cobro de la deuda, teniendo en
cuenta que, de acuerdo a los cálculos del ente recaudador, representa el 58% del
patrimonio de la compañía.
La AFIP destacó que frente a una situación similar, el Grupo Clarín, sí
reconoció el reclamo fiscal y accedió a incorporarse a la moratoria abierta en
2009 y saldar su deuda con el fisco.
También lo hicieron otros medios que habían incurrido en esta irregularidad,
lo cual permitió que el 66% de todo lo adeudado por este concepto fuera
recuperado para las arcas públicas.
De lo que aún resta por cobrar, los 162 millones de pesos que la AFIP le
exige a La Nación significan el 85%; en tanto que el otro 15% está compuesto por
montos pertenecientes a radio Continental, Editorial Perfil, Editorial Atlántida
y El Cronista, empresas que también siguen amparadas en la cautelar de
2003.
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