El presidente Evo Morales promulgó una ley que reconoce y promueve todas las
lenguas que se utilizan en el país. La norma establece el derecho de todos los
ciudadanos a recibir educación en su idioma materno.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley General de Derechos y
Políticas Lingüísticas, que igualó todos los idiomas del país, y los reglamentos
de las leyes Derecho Propietario Urbano y Revolución Productiva y
Agropecuaria.
La Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, según explicó el ministro de
Educación, Roberto Aguilar, tiene por objeto "reconocer, proteger, promover,
difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y
colectivos" de los habitantes de Bolivia.
La ley establece la igualdad de todos los idiomas oficiales, reconocidos en
la Constitución del Estado y señala como derechos individuales que "toda persona
tiene derecho a identificarse como integrante de una comunidad lingüística, a
usar su idioma materno en forma oral y escrita".
Según Aguilar, este instrumento jurídico establece también que las personas
tienen derecho a que se les explique en su idioma materno sus deberes, al uso y
reconocimiento legal de su nombre en su idioma materno, y a preservar y
desarrollar su lengua y cultura.
La nueva norma reconoce como derechos colectivos de las comunidades, de los
pueblos y naciones el recibir educación en su lengua materna y en un segundo
idioma, reportaron la estatal agencia ABI y Prensa Latina.
Las decisiones fueron durante un acto en el Estadio Olímpico Patria de Sucre,
en homenaje al Día de la Revolución Productiva y ante cientos de miembros de
organizaciones campesinas y movimientos sociales.
En otro decreto promulgado por el mandatario fue sanciona la Reglamentación
de la Ley de Derecho Propietario Urbano. La presidenta del Senado, Gabriela
Montaño, explicó los alcances de este instrumento jurídico que facilitará al
ciudadano los trámites para su vivienda.
Morales también estableció un Consejo Económico Productivo, que estará
formado por los ministros de Estado y representantes de los movimientos
sociales, bajo la dirección del propio mandatario.
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