La Justicia en lo penal económico inició una investigación para corroborar
las denuncias realizadas tanto por el gobierno nacional, como por un ex banquero
arrepentido y una ONG acerca de la presunta estafa que el Grupo Clarín habría
realizado a los afiliados de las ex administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP), a partir de la emisión de acciones del holding llevadas a cabo
en 2007.
Se trata del juzgado en lo Penal Económico Número 3, a cargo de Rafael
Caputo, que por primera vez involucra a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina
Herrera de Noble, a partir de la denuncia interpuesta por una ONG que preside el
sociólogo Juan Puigbó.
La presentación se originó en que tras la salida de Clarín a la Bolsa de
Comercio, la empresa vendió a las AFJP un paquete de acciones clase "B", que un
año después pasaron a valer menos y que fueron recompradas por fondos de
inversión que estarían vinculados al mismo Grupo de Herrera de Noble.
La denuncia destaca que los potenciales compradores minoritarios fueron
engañados y no les advirtieron de los riesgos que afrontaban al adquirir la
acción, como los juicios de competidores del cable contra la unión de
Cablevisión y Multicanal.
"Nada se dijo de la existencia de los serios litigios judiciales que
afrontaba el grupo Clarín, debido al cuestionado intento de adquisición y
posterior fusión entre Cablevisión y Multicanal", advirtió el denunciante
Puigbó, según consta en el expediente judicial, publicaron los diarios Uno de
Mendoza y La Capital de Rosario.
La causa de Caputo se complementa con otra que sigue el juez federal Daniel
Rafecas a raíz de las denuncias del “arrepentido” Hernán Arbizu, presentadas
ante la Justicia por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José
Sbatella.
Rafecas investiga a Clarín por una operación "sospechosa" de endeudamiento en
el mercado de capitales a través de obligaciones negociables.
Caputo busca determinar si Herrera de Noble participó en el acuerdo con los
gerentes de las administradoras para que convalidaran la compra de acciones a un
valor "inflado".
Según los datos que constan en la causa de Caputo, poco después de aquella
salida al mercado, Clarín les vendió a las AFJP un paquete de acciones “clase B”
por U$S 48,7 millones, las cuales un año después valían sólo U$S 13,3 millones,
y recompró fondos de inversión vinculados a los mismos accionistas.
Así, el quebranto para los futuros jubilados por las operaciones con la
acción de Clarín fue de U$S 127 millones.
La presidenta Cristina Fernández se ocupó precisamente del tema en el marco
de la presentación del nuevo billete de $100 en homenaje a Eva Perón, en la Casa
Rosada, cuando preguntó: “¿Cómo puede ser que duren años los juicios cuando
algún grupo empresario privado importante se comprueba que ha cometido acciones
que tienen que ser sometidas a investigación, porque están sospechadas de haber
defraudado los intereses de los jubilados y todavía no tenemos ningún
resultado?”.
Allí mismo, Cristina calificó como “comando en jefe de la cadena del miedo y
el desánimo” al Grupo Clarín, y los acusó de dilapidar los fondos de los
jubilados cuando las AFJP eran privadas.
“Estos son los que enjuician y los que dicen: '¡Qué mal que se gastan los
dineros de los jubilados!', pero no dicen esto”, advirtió la Presidenta.
Por su parte, Clarín emitió un comunicado donde afirmó que "la salida de
parte de su capital a la Bolsa se realizó en estricto cumplimiento de todas las
normativas nacionales e internacionales, y fue aprobada tanto por la London
Stock Exchange como por la Comisión Nacional de Valores de la República
Argentina, precisamente con la firma de entonces vicepresidente y actual titular
de dicho organismo, Alejandro Vanoli".
En ese mismo texto, agregaron que "la caída de la acción se dio al principio
en sintonía con todas las demás acciones, por la dinámica general previa a la
crisis", y que a partir de mediados de 2008 el desplome se debió "al
hostigamiento administrativo al que nos somete el gobierno".
Sin embargo, la denuncia que figura en el expediente asegura que "la acción
de Clarín cayó más del 50 por ciento más que otros títulos relevantes del
mercado local" y que las mayores pérdidas comenzaron en 2007.
Puigbó aseguró que no hay dudas que "los administradores de las AFJP actuaron
en connivencia con las autoridades de Clarín, a sabiendas de que la acción que
le compraban al grupo se encontraba sobrevaluada".
Se trata del juzgado en lo Penal Económico Número 3, a cargo de Rafael
Caputo, que por primera vez involucra a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina
Herrera de Noble, a partir de la denuncia interpuesta por una ONG que preside el
sociólogo Juan Puigbó.
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